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Las decisiones arbitrarias y políticamente motivadas que fueron tomadas el 12 de agosto por la Corte Suprema de Venezuela y la Asamblea Constituyente no reconocida, contra la Asamblea Nacional y cuatro de sus miembros, Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Gusman y Juan Pablo García, constituyen otro ataque directo al único cuerpo elegido democráticamente en Venezuela. Hasta el momento, 25 legisladores han sido acusados ​​por medio de procesos defectuosos y fueron despojados de su inmunidad constitucionalmente otorgada. Solo se puede lograr una solución pacífica y política si su trabajo político no se criminaliza y las actividades parlamentarias no se reprimen.

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